1.2. Contexto Sociopolítico Español (1850-1939)

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, SOCIALES, POLÍTICOS Y TECNICOS

1.1. Contexto Sociopolítico Europeo (1869-1939)
1.2. Contexto Sociopolítico Español (1850-1939)
1.3. Innovaciones tecnológicas en la producción de postales
1.4. Marco Legal y Regulación Postal
1.5. Coleccionismo y la tarjeta postal como objeto efímero.

1.2. Contexto Sociopolítico Español (1869-1939)

Una España en transformación: de la revolución liberal a la guerra civil

El período comprendido entre 1869 y 1939 constituye en España una fase de transición desde estructuras liberales decimonónicas hacia la modernidad del siglo XX (Carr, 1982). Esta etapa estuvo marcada por tensiones entre continuidad agraria y desarrollo industrial concentrado, crisis políticas recurrentes, movilizaciones sociales y proyectos reformistas frustrados que desembocaron en la ruptura violenta de 1936 (Jackson, 1965). La década de 1869 coincidió con el Sexenio Democrático (1868-1874), período de intensa experimentación política que incluyó la revolución de 1868 denominada "La Gloriosa", el destronamiento de Isabel II, la monarquía constitucional de Amadeo I de Saboya (1871-1873) y la Primera República (1873-1874) (Solé Tura & Aja, 1977).

Este período representó el intento más ambicioso del siglo XIX español por establecer un régimen democrático basado en el sufragio universal masculino, las libertades de prensa, asociación y culto (Dardé, 1996). Sin embargo, la inestabilidad política crónica, la guerra carlista y las divisiones entre republicanos abortaron este experimento democrático (Thomas, 1976).

La revolución agraria inconclusa

En el ámbito económico, la segunda mitad del siglo XIX consolidó la agricultura capitalista mediante la extensión de la propiedad privada y la desamortización (Malefakis, 1970). Las desamortizaciones del siglo XIX —especialmente la de Mendizábal (1836-1837) y la de Madoz (1855)— liberaron enormes extensiones de tierras eclesiásticas y municipales al mercado (Artola, 1973). Sin embargo, estas tierras fueron adquiridas mayoritariamente por grandes propietarios, burguesía urbana y especuladores, perpetuando la concentración de la propiedad y la precariedad de jornaleros (Sánchez Albornoz, 1968).

Esta estructura agraria persistió sin revolución técnica ni redistribución equitativa de la tierra. En el sur se mantuvieron latifundios improductivos trabajados por jornaleros temporales, mientras que en el norte prevalecieron minifundios de subsistencia (Tortella, 1994). Los aranceles protectores del cereal favorecieron a grandes propietarios y encarecieron el coste de vida urbano, limitando la acumulación de capital y la capacidad de compra campesina (Nadal, 1975).

Industrialización tardía y concentrada

La industrialización se localizó en tres focos principales: la industria textil algodonera catalana, la siderurgia vasca y la minería asturiana (Carreras & Tafunell, 2005). Cataluña desarrolló desde 1830 una industria algodonera mecanizada protegida por aranceles y orientada al mercado peninsular y colonial (Nadal, 1975). Barcelona se convirtió en el principal centro fabril y financiero, desarrollando colonias industriales que integraban producción y residencia obrera (Terán, 1999).

El País Vasco, especialmente Vizcaya, experimentó desde la década de 1880 un desarrollo industrial acelerado basado en la siderurgia y la minería del hierro (Escudero, 1998). La abundancia de minerales de hierro de alta calidad, exportados masivamente hacia países industriales europeos, generó capitales que financiaron altos hornos modernos y grandes empresas siderúrgicas (Fusi, 1984). Asturias desarrolló una industria extractiva del carbón y siderurgia secundaria, configurando núcleos de población obrera en condiciones laborales extremadamente duras (Shubert, 1984).

Los obstáculos a la industrialización fueron múltiples: escasez de carbón de calidad, orografía fragmentadora del mercado, bajo nivel de renta y demanda interna, dependencia de capital extranjero para infraestructuras y equipamiento, inestabilidad política crónica y falta de una revolución agrícola (Nadal, 1975). La Ley General de Ferrocarriles de 1855 atrajo inversión foránea, pero adoptó un ancho de vía distinto al europeo, generando costes de transbordo en frontera (Gómez Mendoza, 1982).

Transformación social y movimiento obrero

La transición de sociedad estamental a sociedad de clases redefinió posiciones sociales en función de la capacidad económica (Jutglar, 1973). Persistió la influencia nobiliaria en instituciones del Estado, ascendió una alta burguesía terrateniente y rentista, se consolidaron clases medias urbanas (profesiones liberales, empleados públicos) y emergió un proletariado industrial concentrado en focos catalán, vasco y asturiano (Aragonés, 1994).

El movimiento obrero evolucionó desde episodios luditas y asociaciones de resistencia de los años 1830-1840 hacia organizaciones de clase con proyectos ideológicos definidos (Tuñón de Lara, 1972). La revolución de 1868 permitió la difusión del anarquismo bakuninista y el socialismo marxista, que compitieron por hegemonía en el mundo del trabajo. Esta competencia desembocó en la escisión de 1872 y en la fundación del PSOE (1879) y la UGT (1888) por parte socialista, mientras el anarquismo impulsó la FTRE (1881) y derivó parcialmente hacia tácticas de acción directa (Tuñón de Lara, 1974).

Sistema político de la Restauración

La Restauración borbónica (1874-1923), instaurada mediante pronunciamiento militar, inauguró un período de aparente estabilidad bajo el sistema diseñado por Antonio Cánovas del Castillo (Varela Ortega, 1977). Este sistema se basaba en el turno pacífico entre partidos Conservador y Liberal que alternaban mediante elecciones manipuladas a través del caciquismo —red de intermediarios locales que controlaban el voto rural mediante clientelismo, coerción y fraude electoral (Dardé, 1996). Este sistema garantizaba estabilidad institucional, pero excluía a amplios sectores de la participación política efectiva y perpetuaba estructuras oligárquicas (Carr, 1982).

Los nacionalismos periféricos se consolidaron como fuerzas políticas organizadas. El catalanismo evolucionó desde expresiones culturales hacia demandas de autogobierno, cristalizando en la Lliga Regionalista (Serrano, 1999). El nacionalismo vasco articuló una identidad étnico-cultural diferenciada que reivindicaba la recuperación de fueros históricos y la protección de la cultura vasca frente a la inmigración masiva y la centralización estatal (Fusi, 1984).

Crisis de 1898 y regeneracionismo

El cierre del siglo XIX con la crisis de 1898 —pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas— marcó un punto de inflexión simbólico y material (Balfour, 1997). La pérdida de los últimos restos del imperio colonial generó un trauma colectivo que alimentó debates sobre las causas del atraso español y la necesidad de regeneración nacional (Preston, 2006). Económicamente, la pérdida de Cuba afectó especialmente a sectores vinculados comercialmente con la colonia, obligándolos a reorientar producciones hacia el mercado interno o europeo (Balfour, 1997).

El regeneracionismo, encabezado por figuras como Joaquín Costa, diagnosticó atraso educativo, caciquismo, oligarquía agraria y ausencia de inversión pública como raíces de la decadencia nacional (Carr, 1982). Propuso políticas hidráulicas, reforma educativa y extensión de participación política, aunque sus propuestas encontraron resistencias en el bloque de poder y resultados limitados (Tortella, 1994).

Reinado de Alfonso XIII y crisis del liberalismo

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) se caracterizó por inestabilidad gubernamental crónica, crisis del turno pacífico entre conservadores y liberales, presión creciente de nacionalismos periféricos, conflictividad social aguda y crisis militar tras el Desastre de Annual en 1921 (Jackson, 1965). La Semana Trágica de Barcelona en 1909, insurrección popular contra la movilización para la guerra de Marruecos que derivó en violencias anticlericales y represión gubernamental, evidenció la profundidad de las fracturas sociales (Ullman, 1968).

La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial abrió una ventana de oportunidad económica al permitir exportaciones masivas a los beligerantes (Carr, 1982). Esta situación generó acumulación de divisas, repatriación de capitales de ultramar, expansión de sectores químico, eléctrico y metalúrgico, y un ciclo de crecimiento que benefició a empresarios, pero agudizó desigualdades ante la inflación de precios de subsistencias (Tortella, 1994).

Dictadura de Primo de Rivera y Segunda República

El golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, con respaldo del Rey y tolerancia de élites económicas, inauguró una Dictadura desarrollista que suspendió el orden constitucional, reprimió movimiento obrero y nacionalismos, y lanzó un programa de obras públicas, proteccionismo industrial y modernización de infraestructuras (Ben-Ami, 1984). La estabilidad autoritaria favoreció crecimiento económico en sectores nuevos, pero sin resolver desigualdades agrarias y sin capacidad de resistir la crisis mundial de 1929 (Ben-Ami, 1984).

La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 abrió un período de ensayo democrático y reformismo modernizador (Jackson, 1965). La nueva Constitución estableció un sistema laico, sufragio universal masculino y femenino, autonomías regionales, separación Iglesia-Estado, reforma agraria, legislación laboral avanzada y expansión educativa (Preston, 2006). El primer bienio republicano-socialista (1931-1933) impulsó reformas ambiciosas, pero los recursos presupuestarios y la complejidad administrativa limitaron su alcance (Malefakis, 1970).

El bienio conservador (1933-1935) paralizó reformas del primer bienio, provocando crisis política en Cataluña y radicalización de izquierdas que culminó en la insurrección de octubre de 1934 en Asturias (Shubert, 1984). El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 reabrió el ciclo reformista, pero en un clima de violencia política creciente que desembocó en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 (Thomas, 1976). El fracaso parcial del golpe desencadenó la guerra civil (1936-1939), que fracturó territorialmente el país y enfrentó proyectos de sociedad antagónicos (Preston, 2006).

El papel de la tarjeta postal en este contexto

En este contexto complejo y contradictorio, la tarjeta postal ilustrada funcionó como dispositivo cultural que vehiculó representaciones de una España moderna, turística y monumental que contrastaba con realidades de pobreza y conflicto (Riego Amézaga, 1997). Las postales contribuyeron a construir imaginarios nacionales y regionales que participaban en los debates sobre identidad, modernidad y territorio que atravesaron todo el período histórico analizado (Mendelson, 2005).

Referencias

• Aragonés, J. F. F. (1994). Clase media y bloque de poder en la España de la Restauración. Revista de Estudios Políticos, 84, 165-198.
• Artola, M. (1973). La burguesía revolucionaria, 1808-1869. Alianza Editorial.
• Balfour, S. (1997). The end of the Spanish Empire, 1898-1923. Clarendon Press.
• Ben-Ami, S. (1984). La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Planeta.
• Carr, R. (1982). Spain 1808-1975. Clarendon Press.
• Carreras, A., & Tafunell, X. (Dirs.). (2005). Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX. Fundación BBVA.
• Dardé, C. (1996). La aceptación del adversario: Política y políticos de la Restauración, 1875-1900. Biblioteca Nueva.
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• Fusi, J. P. (1984). El País Vasco: Pluralismo y nacionalidad. Alianza Editorial.
• Gómez Mendoza, A. (1982). Ferrocarriles y cambio económico en España, 1855-1913. Alianza Editorial.
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• Tuñón de Lara, M. (1974). La España del siglo XX. Librería Española.
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